El presidente Alberto Fernández declaraba el martes como testigo en el juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros acusados, por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales durante su gobierno (2007-2015).
Esta la primera vez en la historia judicial del país sudamericano que un mandatario en ejercicio declara ante un tribunal que juzga a su segundo. Un tribunal oral federal de Buenos Aires juzga a Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios y empresarios por una supuesta asociación ilícita montada desde lo más alto del poder y que tuvo como objetivo apoderarse de fondos públicos a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El periodo abarca la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y la de su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner. Según la fiscalía, hubo una asignación discrecional de obras viales de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, amigo personal de los Kirchner, por un monto estimado en 46.000 millones de pesos (unos 400 millones de dólares al cambio actual).
Fernández fue convocado como testigo por la defensa de la vicepresidenta ya que se desempeñó como jefe de gabinete de ministros de los Kirchner entre 2003 y 2008. En ese cargo tenía, entre otras responsabilidades, autorizar con su firma las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública.
El mandatario peronista podía acogerse al derecho a presentar un escrito, pero decidió concurrir en persona a los tribunales, en un gesto que se interpretó como un fuerte respaldo a su vicepresidenta en momentos en que la relación entre ambos no es la mejor por discrepancias sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar una deuda de 44.500 millones de dólares.
En este juicio ya declararon otros ex jefes de gabinete en el período investigado, quienes negaron los delitos.
Fernández de Kirchner, que en diciembre de 2019 asumió como vicepresidenta de Fernández, ha rechazado la acusación en su contra y denunció que este juicio es parte de una persecución judicial montada por el gobierno del expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019) en complicidad con un sector del Poder Judicial.
